Vivimos un momento legislativo muy complicado que condiciona tanto la organización escolar como los diferentes elementos del currículo
En la última década, lo más parecido a lo que está sucediendo actualmente ocurrió en la primavera del 2011 cuando se publicó el Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo,modificando el calendario de implantación de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
La diferencia entre ese momento y el actual es que entonces, el Gobierno había cambiado de manos y cumplió la promesa de detener el proceso de implantación de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. (LOCE).
Actualmente hay muchas diferencias entre las comunidades autónomas:
- Algunas están de acuerdo con la ley actual (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa) y con el proceso de implantación.
- Otras comunidades están de acuerdo con la ley pero no con los tiempos del proceso.
- Otras comunidades que desde el principio no han estado de acuerdo ni con el proceso ni con la ley.
- Otras comunidades, cuyo gobierno ha cambiado recientemente de manos, y que ya han manifestado su disconformidad con el proceso y con la ley actual.
Lo cierto es que este curso ya se ha implantado 1º, 3º y 5º de Educación Primaria; ahora en septiembre de 2015 le tocaría el turno a los cursos 2º, 4º y 6º de Educación Primaria, 1º y 3º de ESO, 1º de Bachillerato y 2º de Formación Profesional Básica, entre otros.
Hay comunidades autónomas que no han publicado el currículo de los cursos que entran en vigor este septiembre, con todo lo que ello implica para los centros, el alumnado, las familias, los cupos, la organización escolar y los elementos del currículo.
La situación es de extrema gravedad y hay que tomar decisiones donde el Consejo Escolar del Estado, como órgano de participación de la comunidad educativa en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento al Gobierno y, principalmente, la Conferencia Sectorial de Educación, como órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas juegan un papel muy importante y deben urgentemente alcanzar acuerdos que eviten este caos legislativo, organizativo y curricular.
La EDUCACIÓN se está desangrando, el barco se hunde y no es momento de intereses electoralistas; es momento de evitar, entre todos, el caos.